Doñana, siempre Doñana
Doñana es todavía un paraíso. A pesar de las amenazas que históricamente se han cernido, y se ciernen, sobre la zona –que abarca mucho más que el parque nacional y el natural que lo rodean–, Doñana continúa siendo un lugar mágico en el que permanecen ingredientes que lo catapultaron al Olimpo de los espacios naturales protegidos europeos. Esto es así. Como también lo es que la ampliación de los regadíos que el Gobierno de la Junta de Andalucía quiere aplicar compromete no solo su salud sino su prestigio internacional y la economía de quienes viven en su entorno. De eso quiero hablaros en este blog que, aunque creado hace tiempo, prácticamente inauguro ahora una vez dado un paso a una situación profesional en el ámbito privado relacionada con el asesoramiento, la divulgación y la comunicación en el sector ambiental.
He decidido iniciar este artículo con una frase optimista. Como mi querido Miguel Delibes
de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana, afirma cada vez
que se le pregunta, el parque se conserva razonablemente bien, aunque su
situación es muy distinta a la de hace cincuenta años cuando apenas comenzaba
su aventura como espacio protegido. No obstante, no podemos obviar el daño que
podría ocasionarle la propuesta del PP, que apoya Vox, en caso de que la Junta
de Andalucía se decidiera, y pudiera, ponerla en marcha.
Hay que comenzar recalcando que un cambio en los regadíos del entorno de Doñana del tenor que se plantea es inviable por muchos motivos. El primero es que choca con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está pendiente de su cumplimiento, precisamente por entender que no se ha hecho lo suficiente por preservar el espacio y garantizar su futuro, especialmente en el ámbito hidrológico. Por tanto, la respuesta de la directora general de Medio Ambiente de la Unión Europea, Florika Fink-Hooijer, a la Junta es lógica y esperada. Fink-Hooijer dice en su misiva remitida al gobierno andaluz a través de la Embajada de España ante la UE que «Como ya advertí en mi carta de 31 de enero de 2022, la aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana». Y añade que «La sobreexplotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío. Por consiguiente, de prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia. Ante esta situación, la Comisión tomaría en consideración la adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias.» En román paladino: si la Junta de Andalucía sigue adelante con esta reforma del plan de regadíos, la UE acudirá de nuevo a la justicia y sancionará económicamente a Andalucía.
Resulta, además, que la ampliación de los regadíos, se apruebe o no la proposición de ley, no es viable porque no hay agua. Sin más. Los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no pueden haberlo dicho más veces y más claramente. Y no olvidemos que es el gobierno central a través de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir el que tendría que aportar el agua.
Todos hemos oído hablar del célebre trasvase al Condado. Un trasvase de 20 Hm3 anuales que yo comparto porque permitirá el cierre de pozos (legales) y contribuirá a la recuperación hídrica de Doñana. Lo que ocurre es que ese agua tiene destino, y no son las parcelas que no tienen concesión y que ahora se quieren «legalizar». No hay más agua. Es una evidencia científica que cada vez llueve menos, lo que ha llevado la planificación hidrológica tan al límite que aumentar los regadíos no es posible.
El Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana, que así se llama, fue aprobado con un amplio apoyo a finales de 2014 tras años de negociaciones entre las partes. Es cierto que a nadie gustó completamente, pero también que todo el mundo cedió para lograr un acuerdo que permitiera ordenar los regadíos de la comarca. La opinión general es que no era el mejor plan, pero sí el único posible y lo suficientemente bueno para la inmensa mayoría. A lo largo de los años, además, se ha revisado íntegramente varias veces con la idea de que algunos agricultores cuyas tierras quedaban fuera de ordenación pudieran beneficiarse del plan por causas objetivas. Y así se hizo con aquellas parcelas que por error comprobado y subsanado no entraron en un primer momento. Fueron cientos de hectáreas. Por tanto, en mi opinión, llegados a este punto no cabe más que aplicarlo.
Esta herramienta supone también una garantía jurídica para la agricultura del Condado. Hasta su aprobación, muchas explotaciones agrícolas se situaban en un limbo legal que generaba muchas dudas en Europa. Gracias al plan un porcentaje aplastante de las parcelas –no menos del noventa por ciento– normalizó su situación y consolidó el prestigio y la posición de sus productos en los mercados europeos. Ese es uno de sus valores más destacados. El otro es que su aplicación consolidará unos niveles hídricos en el parque esenciales para su viabilidad. El Plan de la Corona, pues, garantiza la viabilidad de la agricultura del entorno y la calidad ambiental de Doñana.
La propuesta de PP y VOX, por el contrario, generará en caso de aprobarse sanciones económicas a Andalucía que pagaremos todos los andaluces y un descrédito de nuestra agricultura con unos costes muy duros. Los consumidores de Londres, Berlín, París, Viena, Milán… son exigentes con las condiciones ambientales en las que se producen los productos agrícolas. Una sanción a Andalucía ocasionada precisamente por estos motivos haría que no se distinguiera entre los productores y todos caerían en el mismo saco. De hecho, los supermercados ya han advertido y pedido explicaciones sobre estas cuestiones en alguna ocasión.
Además, según todos los expertos, la ampliación de los regadíos incidiría de forma directa en la precaria situación del parque como consecuencia de todos los problemas que lo rodean. El agua es uno de ellos, pero también la ocupación del territorio. Doñana, insisto, sigue siendo un paraíso, pero con una salud tan frágil que cualquier nueva patología puede acabar con él.
La pregunta es qué alternativa existe para los agricultores que se han quedado fuera de ordenación. Ni es fácil ni rápido, vaya por delante, aunque, como han hecho ya varios productores, la búsqueda de alternativas en otras zonas de Huelva, algunas bastante cercanas, se antoja la única salida. De hecho, en el marco del Plan de la Corona podría aplicarse la posibilidad de permutar tierras, ¿por qué no? En cualquier caso, para quienes, en palabras de los propios agricultores, «hayan hecho las cosas mal» en relación con el agua o con la tierra, aplicación de la Ley y restablecimiento de la situación existente antes de su incumplimiento. Conviene recordar, además, que el plan establece un periodo de quince años para su complimiento. Es decir, hasta 2029 se pueden implementar las medidas que incluye.
Moreno Bonilla, en cuyo discurso aparecen de manera constante mensajes de carácter verde, tiene una oportunidad de oro para sumarse al consenso ambiental. Porque no cabe duda de que la mayoría, por motivos científicos y económicos, está en contra de este intento de ampliación de regadíos que no vendría más que a alargar un conflicto al que por el bien de todos habría que ir ya poniéndole fin.
Quiero acabar con un mensaje de esperanza: Doñana ha superado hasta ahora todas las amenazas que la han comprometido. Desde su génesis como consecuencia del plan de la dictadura para desecarla con plantaciones de eucaliptos hasta el desastre del vertido minero de Aznalcóllar. Confío en que una vez más supere esta nueva espada de Damocles que se cierne sobre un paraíso que no debe dejar de serlo.
José G. Fiscal
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